INICIATIVAS


 

Protocolo Facultativo de la Convención Contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (OPCAT)

La oficina de abogados Victor Mosquera Marín, con el aval del Alto Comisionado de Derechos Humanos para las Naciones Unidas, lidera la iniciativa para la ratificación del Protocolo Facultativo de la Convención Contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (OPCAT). El OPCAT es uno de los más importantes instrumentos para la prevención de la violación de derechos humanos de quienes se encuentran privados de la libertad.

Actualmente la situación de quienes se encuentran privados de la libertad en Colombia adolece de serias vulneraciones a la dignidad humana. El hacinamiento carcelario o los gravísimos hechos denunciados sobre descuartizamientos dentro de la cárcel Modelo de Bogotá son algunos de los ejemplos que resaltan la necesidad de que el país se acoja a este compromiso internacional, en aras de prevenir la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.

¿Qué es OPCAT?

El Protocolo Facultativo de la Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes, OPCAT, por sus siglas en inglés, fue adoptado el 18 de diciembre de 2002 por la Asamblea General en la resolución A/RES/57/199 y entró en vigencia el 22 de junio de 2006, actualmente 81 Estados son parte del Protocolo.

Con este instrumento se añadió un marco de obligaciones adicionales a las consagradas en la Convención contra la Tortura, relacionadas con la protección de los derechos humanos en materia de prevención de la tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes contra aquellas personas que se encuentran privadas de su libertad.

Este protocolo promueve el fortalecimiento de la protección a nivel interno de las personas privadas de la libertad y el pleno respeto de sus derechos humanos al establecer un sistema preventivo de visitas periódicas a los lugares de detención. La realización de tales visitas será llevada a cabo tanto por órganos nacionales establecidos específicamente para este fin y complementado por visitas periódicas del Subcomité contra la tortura, ambos cuerpos son parte de las obligaciones que adiciona el Protocolo para prevenir la tortura y los tratos crueles contra quienes se encuentren en cualquier forma de detención, encarcelamiento o custodia por orden de una autoridad judicial o administrativa, en una institución pública o privada de la cual no pueda salir libremente.

¿De que se trata?

El OPCAT está dividido en siete partes, materializadas en 37 artículos. Allí se establece un sistema de visitas periódicas realizadas a los lugares de detención por órganos nacionales e internacionales independientes, en aras de prevenir la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas y degradantes.

En su Preámbulo, el Protocolo recuerda lo establecido en la Conferencia Mundial de Derechos Humanos en la cual se declaró que los esfuerzos para erradicar la tortura debían concentrarse principalmente en la prevención de estos hechos, para lo cual instó a que se adoptase un protocolo facultativo a la Convención contra la tortura con el fin de establecer visitas periódicas a los lugares de detención. Estos medios no judiciales de carácter preventivo son eficaces para informar de la situación de las personas privadas de su libertad y fortalecer su protección.

En el artículo 1 del Protocolo se materializan esos propósitos al establecer un sistema de visitas periódicas a cargo de órganos internacionales y nacionales independientes a los lugares en que se encuentren detenidas las personas privadas de su libertad. Para esos fines, los artículos 2 y 3 de OPCAT consignan la creación de un Subcomité para la Prevención (SPT) y la obligación de los Estados de establecer, designar o mantener uno o varios órganos de visitas para la prevención de la tortura -en adelante denominados Mecanismos Nacionales de Prevención.

El Subcomité para la Prevención está compuesto por 25 miembros y tiene como funciones la de realizar visitas a los lugares de detención y hacer entrevistas a quienes considere pertinente con el fin de examinar las condiciones de su detención, su vida cotidiana, incluyendo la forma en que son tratados, los marcos legislativos e institucionales pertinentes, y otras cuestiones que puedan estar relacionadas con la prevención de la tortura y los malos tratos.

En razón de lo anterior el SPT podrá formular recomendaciones y observaciones en un informe que será entregado a cada país. También será asesor de los Estados Parte en la creación de los mecanismos nacionales de prevención, al igual que proveer información y asistencia técnica a los órganos nacionales ya creados. Asesorar en la evaluación de necesidades y medidas destinadas a fortalecer la protección de los derechos de quienes están privados de su libertad. El subcomité deberá enviar un informe anual al Comité contra la Tortura sobre sus actividades.

Los informes de observaciones y recomendaciones enviados a cada país son confidenciales y sólo podrán ser publicados por el Comité si el Estado parte los publica parcialmente o si éste permite su publicación. También se podrán publicar ante la renuencia del Estado a cooperar o implementar las medidas para mejorar la situación de protección contra la tortura y los tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes.

Particularmente respecto de los mecanismos nacionales de prevención, el Estado deberá comprometerse a garantizar el acceso a toda la información sobre el número de personas privadas de su libertad en lugares de detención; acceso a la información relativa al trato de esas personas y las condiciones de su detención; acceso a los lugares de detención –instalaciones y servicios- y la posibilidad de entrevistarse con las personas privadas de su libertad, sin testigos, o cualquier otra persona que el órgano considere pertinente.

El Protocolo define en su artículo 4 los siguientes términos:

Lugar de detención: “(…) lugares bajo la jurisdicción y control del Estado parte donde se encuentren o pudieran encontrarse personas privadas de su libertad, bien por orden de una autoridad pública o a instigación suya o con su consentimiento expreso o tácito”

Para el cabal cumplimiento de estas funciones, los Estados Parte tendrán la obligación de permitir visitas de los órganos mencionados anteriormente a los lugares bajo su jurisdicción y control donde haya personas privadas de su libertad, esto incluye: comisarías de policía, prisiones (militares y civiles), centros de detención (por ejemplo, los centros de detención preventiva, centros de detención de inmigrantes, centros de justicia juvenil, etc.), instituciones de salud mental y las instituciones de asistencia social. También deberá compartir la información pertinente para evaluar las necesidades y medidas a implementar, además de examinar las recomendaciones del Subcomité.

Por su parte, los Mecanismos Nacionales de Prevención serán órganos independientes funcionalmente del Estado parte pero financiados y promovidos por éste. Estos órganos tendrán potestad de realizar visitas y hacer recomendaciones a los órganos competentes para mejorar el trato y las condiciones de las personas privadas de su libertad. También tendrán la facultad de hacer propuestas sobre la legislación vigente o los proyectos de ley en la/ materia.

Privación de libertad:

“2. A los efectos del presente Protocolo, por privación de libertad se entiende cualquier forma de detención o encarcelamiento o de custodia de una persona por orden de una autoridad judicial o administrativa o de otra autoridad pública, en una institución pública o privada de la cual no pueda salir libremente.”

Para mayor información sobre el contenido del Protocolo Facultativo consultar: www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/OPCAT.aspx